Una constitución donde la dignidad plena del hombre esta garantizada (III)

Versión y foto Lázaro D. Najarro Pujol

La  CARTA Magna cubana ratificada en referendo popular el 24 de febrero de 2019, en su capitulo V ofrece derechos, deberes  y garantías, patentiza que las personas NO pueden ser sometidas  a  desaparición  forzada,  torturas  ni  tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

De igual forma tienen  libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley.  Tienen  derecho  a  solicitar  y  recibir  del  Estado  información veraz, objetiva y oportuna, y a acceder a  la    que  se  genere  en  los  órganos  del  Estado  y entidades, conforme a las regulaciones establecidas.

La Constitución de la República de Cuba  acuña que el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. La objeción de conciencia NO puede invocarse con el propósito de evadir el cumplimiento de la ley o impedir a otro su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos.

Al mismo tiempo se  reconoce  la  libertad de prensa. Este derecho se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad. Los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes,  son  de  propiedad  socialista  de  todo  el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales  y  de  masas;  y  NO  pueden  ser  objeto  de  otro tipo de propiedad.

El  Estado  establece  los  principios  de  organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social, establece la Constitución de la República de Cuba.

En cuanto a los derechos  de  reunión,  manifestación  y  asociación,  con  fines  lícitos  y  pacíficos,  se reconocen por el Estado siempre que  se  ejerzan  con  respeto  al  orden  público  y  el  acatamiento  a  las  preceptivas  establecidas  en la ley.

La CARTA Magna atestigua que toda persona tiene derecho a profesar o NO creencias religiosas, a cambiarlas  y  a  practicar  la  religión  de  su  preferencia,  con el debido respeto a las demás y de conformidad con la ley. Tienen derecho  al  disfrute  de  los  bienes  de  su  propiedad, mientras que el Estado garantiza su uso, disfrute y libre disposición, de conformidad con lo establecido en la ley.

Además, la  expropiación  de  bienes  se  autoriza  únicamente atendiendo a razones de utilidad pública o interés social y con la debida indemnización. La ley establece las bases para determinar su utilidad  y  necesidad,  las  garantías  debidas,  el  procedimiento para la expropiación y la forma de indemnización.

Una constitución donde la dignidad plena del hombre es garantía.



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